Fue uno de los casos más graves de dinero involucrado con política en Chile. Dos ex parlamentarios recibieron pagos millonarios de una empresa a cambio de favorecer la Ley de Pesca que se tramitaba en ese tiempo en el Congreso. Por eso, en 2013, Corpesca comenzó a ser investigada por financiamiento ilegal de política.

A los ex parlamentarios y a un ex asesor se les condenó por cohecho y fraude al fisco. Mientras que el gerente general de la compañía fue condenado en 2018 por soborno y delitos tributarios, accediendo a una pena remitida y una multa de $60 millones. Pero ellos no fueron los únicos sentenciados. Corpesca fue condenada por su responsabilidad penal como persona jurídica en el delito de soborno. Lo anterior debido a que, si bien el gerente general era la cara visible, estos hechos no hubiesen ocurrido con un control real de prevención de delitos en la empresa. "Sus conductas fueron consecuencia del incumplimiento de Corpesca de los deberes de supervisión y dirección", indicó la jueza en la condena.

Porque no sólo las personas pueden terminar en la cárcel, sino que la compañía puede, incluso, dejar de existir. "Con la Ley 20.393 existe la posibilidad de que las empresas puedan ser penalmente responsables cuando un trabajador incurre en algún delito. Es fundamental que todos en su labor diaria siempre tengan buenas prácticas corporativas para no verse enfrentados a dilemas éticos que exponen tanto a la compañía como al trabajador", explica Adriana Ranieri, gerente de Riesgo, Compliance y Control Interno de Antofagasta Minerals.

El Grupo tiene un Modelo de Prevención de Delitos desde 2019, que "consiste en un sistema preventivo y de monitoreo, a través de la ejecución de diversas tareas y herramientas de control, sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de los delitos señalados en la ley. Algunos de ellos son cohecho, soborno, negociación incompatible y apropiación indebida", agrega Adriana.

En este documento, está determinado, por ejemplo "que en los contratos de trabajo existan ciertas obligaciones. Además, hay que realizar una difusión del modelo, capacitaciones y se debe haber un encargado prevención del delito", señala María Fernanda Russi, especialista senior de Compliance y Control Interno. En el caso de Antofagasta Minerals, ese rol lo cumple Patricio Enei, vicepresidente Legal, y en las compañías, Adriana Ranieri.

Por eso, el modelo está en permanente actualización. A principios de año, obtuvo una certificación realizada por "un tercero imparcial que revisa todos nuestros procesos, si cumplimos con la ley y si los controles están funcionando. Luego de este análisis realizado a comienzos de este año, Antofagasta Minerals y cada una de sus compañías, fueron certificadas hasta mayo de 2023", cuenta María Fernanda Russi.

"Estamos muy felices de que nuevamente recibimos esta certificación que confirma la buena implementación del modelo y refuerza nuestro compromiso con la cultura de la integridad", finaliza Adriana Ranieri.